Luego de tres meses de espera, los centros comunitarios de salud obtuvieron un financiamiento clave a largo plazo, como parte de la legislación que firmó el presidente Donald Trump el viernes 9 de febrero para mantener al Gobierno en funcionamiento.
El Community Health Center Program sirve a 27 millones de personas en casi 10,000 clínicas sin fines de lucro en todo el país, la mayoría de las cuales se encuentran en áreas rurales y urbanas de bajos ingresos.
La legislación les otorga a los centros $3.8 mil millones para este año, y $4 mil millones en 2019.
En los últimos años, el Congreso ha asignado $3.6 mil millones anuales para los centros de salud. Eso representa alrededor del 20% de los presupuestos de las clínicas; gran parte del resto proviene de reembolsos por servicios. Defensores y directores de los centros aseguran que este dinero es fundamental para proporcionar servicios que no siempre están cubiertos por Medicare, Medicaid, o por seguros privados, incluidos los de salud mental y abuso de sustancias, transporte y visitas domiciliarias.
Se esperaba que el Congreso renovara el financiamiento a largo plazo para los centros el 22 de enero cuando los legisladores votaron el financiamiento por seis años del Programa de Seguro de Salud Infantil (CHIP). Uno de cada 10 niños cubiertos por CHIP recibe la mayor parte de su atención en un centro comunitario de salud.
Pero ese proyecto no se ocupó de los centros. Aunque el dinero federal se agotó el 1 de octubre, un parche presupuestario anterior les proporcionó fondos temporales hasta el 31 de marzo.
“Estamos atrapados en la disfunción política de Washington”, dijo una semana atrás Carmela Castellano-García, directora ejecutiva de la Asociación de Atención Primaria de California. “Estos centros son un salvavidas para millones de personas, especialmente en las zonas rurales, donde pueden ser el único proveedor de atención médica en millas a la redonda”.
Castellano-García dijo que el impasse presupuestario había obligado a muchos centros en el estado a congelar las contrataciones, posponer expansiones de servicios y utilizar las reservas financieras.
A nivel nacional, el 20% de los centros de salud ya habían congelado contratos, y el 4% despedido personal. Agregó que otro 53% podría haber despedido a empleados si no hubieran recibido los fondos federales, según una encuesta sobre centros de salud comunitarios realizada por la Universidad George Washington e investigadores de la Kaiser Family Foundation, publicada hace pocos días. (Kaiser Health News es un programa editorialmente independiente de la fundación).
Dan Hawkins, vicepresidente senior de la Asociación Nacional de Centros Comunitarios de Salud, con sede en Bethesda, Maryland, y expertos en políticas de salud, especularon que la razón del impasse en la asignación de fondos para los centros pudo ser por desacuerdos en el nivel de financiación y la cantidad de años. Según informes, los demócratas presionaron para que fuera de cinco o seis años, pero los republicanos pueden haber preferido un período más breve. Los senadores Debbie Stabenow (demócrata de Michigan) y Roy Blunt (republicano de Missouri), lideraron este debate.
Para los líderes de los centros comunitarios, y para los pacientes, la nueva asignación de fondos es un alivio.
California tiene la red de centros de salud más grande del país. Uno de cada 6 californianos -6,5 millones de personas- reciben atención médica en los cerca de 1,300 centros alrededor del estado. La mitad está inscrita en Medi-Cal, el programa estatal de Medicaid.
Dave Jones, director ejecutivo de Mountain Valleys Health Centers, que opera seis clínicas comunitarias cerca de la ciudad de Redding en el norte de California, dijo que podrían haber enfrentado el cierre de uno de sus seis locales de no haber recibido el dinero federal.
Anderson Valley Health Center, en Boonville, California, enfrentó la misma situación. El pequeño centro atiende a 2,800 pacientes por año, el 45% de los cuales son trabajadores agrícolas de bajos ingresos.
Chloë Guazzone-Rugebregt, directora ejecutiva del centro, dijo que la renovación de su edificio estaba esperando la señal de los fondos federales.
MMaría Soto, de 72 años, y su esposo Efrén, de 77, sus seis hijos adultos y 13 nietos, se atienden en el Anderson Valley Health Center, en Boonville, California. (Esther Soto/Cortesía de María Soto)
María Soto, de 72 años y su esposo, Efrén, de 77, junto con sus seis hijos adultos y sus 13 nietos, reciben atención en Anderson. Los abuelos Soto, ambos jubilados, tienen Medicare. El resto de la familia tiene seguro privado o está inscrito en Medi-Cal.
“La clínica juega un papel muy importante en nuestras vidas”, dijo María Soto. “Confiamos en este centro de salud para todos nuestros cuidados regulares. No tengo idea de a dónde iríamos si tuviera que cerrar”.
Charles Allbaugh y Paula Tomko, quienes dirigen Central Virginia Health Services, dijeron que también se han demorado en contratar personal y expandir los servicios en su red de 16 clínicas que atienden a 43,000 residentes de Virginia, a la espera del resultado del debate sobre los fondos.
“El Congreso juega al fútbol político con nosotros”, dijo Tomko. “No es la forma en que deberían funcionar las cosas”.
Jean Grutzius estuvo de acuerdo. Su madre de 97 años se atiende en una de las clínicas de Tomko, cerca de la pequeña ciudad de Bumpass.
“Sin la clínica, estaríamos en grandes problemas”, dijo Grutzius. Su madre, Eleanor Ciombor, está ciega y sorda, en silla de ruedas y toma múltiples medicamentos, incluso para una afección psiquiátrica. Ciombor, quien vive con su hija, está inscrita tanto en Medicare como en Medicaid. Su único ingreso es $900 por mes del Seguro Social.
“Recibe una gran atención [en la clínica] y nos cuesta poco”, dijo Grutzius, quien tiene 75 años y también vive con un ingreso fijo. “No podría pagar de otra manera. Estoy rezando para que el centro obtenga la financiación que necesita”.
Los fondos para los centros fueron apoyados sólidamente por la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA). Entre 2010 y 2016, ese financiamiento impulsó un aumento del 50% en el número de locales de centros de salud en todo el país y un incremento del 33% en el número de pacientes atendidos.
Los centros de salud también participaron activamente en el registro de personas para los mercados de seguros de ACA y para Medicaid en los estados que ampliaron ese programa bajo el Obamacare.
Sin embargo, a pesar de la creciente división partidista sobre ACA, los legisladores votaron abrumadoramente -y en un acuerdo bipartidista- en 2015 para extender los fondos del centro de salud al nivel de $3.6 mil millones anuales durante dos años adicionales.
“Estos son dólares federales muy bien gastados, y $3.6 mil millones no es un gran gasto federal”, dijo Peter Shin, profesor asociado de políticas y gestión de salud en la Universidad George Washington, en Washington, DC. “De hecho, hay un fuerte argumento de por qué deberían obtener más dinero”.
Shin dijo que la investigación muestra que los centros ahorran dinero al gobierno federal a largo plazo. Lo hacen proporcionando atención primaria, preventiva y prenatal de rutina que mantiene a las personas fuera del hospital y previene las costosas visitas a las salas de emergencias.
El experto dijo que, según un estimado, los centros de salud ahorran al gobierno federal casi $25 mil millones anuales en costos para los afiliados de Medicare y Medicaid.
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